En Sevilla existen una serie de proyectos recurrentes que llevan años sobre la mesa pero que nunca terminan de concretarse por unos motivos o por otros (casi siempre políticos). Quizás el más flagrante sea el Metro, coleando desde los años setenta y con una mínima parte construida a pesar de su importancia en el sistema de movilidad de la ciudad. Otro de los ejemplos es la Ciudad de la Justicia, planteada como necesidad hace una década pero que se ha topado con dos obstáculos insalvables: el dinero y los políticos.
Hace unos años se llegó a una solución de consenso, la Ciudad de la Justicia se construiría en Los Gordales, en el suelo que actualmente se utiliza como aparcamiento en la Feria y que el Plan General de la ciudad ya recoge como espacio para equipamientos. Su ubicación a las "afueras" de la ciudad, junto al poblado Aljarafe, le confiere una centralidad urbana difícilmente superable en cualquier otro punto de la Sevilla metropolitana. Además, está conectada con Metro y en el futuro con Cercanías. Una vez puestos de acuerdo los políticos locales y autonómicos, las pegas vinieron desde el Gobierno central, propietario de los suelos, que exigió una compensación económica desproporcionada que dejó el proyecto en barbecho. Tampoco es que la Junta estuviera muy por la labor de levantar una micro ciudad de más de 200.000 metros cuadrados, así que se guardó en un cajón a la espera de tiempos mejores. La llegada de Zoido a la alcaldía reavivó el debate, el nuevo equipo de gobierno municipal apostó por ubicar la Ciudad de la Justicia en pleno centro, en el Prado de San Sebastián, junto a la Universidad y los jardines del Alcázar. La Junta de Andalucía, encantada con la idea de dilatar más el proyecto se ofreció a escuchar la propuesta municipal, aún sabiendo desde el principio que era irreal e inviable.
Pasaron los años y finalmente el Ayuntamiento planteó una Ciudad de la Justicia junto al Prado que sustituyera a las actuales dependencias judiciales y se extendiera a solares anexos como el del Equipo Quirúrgico, el del no nato nuevo Ayuntamiento en la avenida Carlos V y el más lejano situado junto a la estación de Cádiz, donde estaba prevista la nueva Consejería de Obras Públicas. La necesidad de metros cuadrados (recordemos, 200.000) y la escasez de suelo físico obligó a subir hacia arriba. El Ayuntamiento ha planteado hasta tres propuestas diferentes, todas ellas desproporcionadas no por voluntad municipal, sino porque no caben sobre el terreno.
La respuesta de la Comisión de Patrimonio ha sido evidente: el proyecto carece de sentido en este espacio y se ha negado a aceptarlo porque, entre otras cosas, afectaría a los Reales Alcázares y al conjunto histórico de la ciudad. Desde el Ayuntamiento, una vez más, se ha tachado a la Comisión de partidista y de ir en contra de los intereses de la ciudad ya que veta por sistema cualquier proyecto que presente el Consistorio. ¿Es esto cierto? No. La Comisión ha dado su visto bueno a proyectos como el del mercado gourmet de las Naves del Barranco, las obras de rehabilitación de la Fábrica de Artillería o a la polémica tala de todos los árboles de la calle Almirante Lobo. ¿A qué se ha negado la Comisión? A aquellos proyectos que chocan frontalmente con el Plan General de Ordenación Urbana y con las propias leyes autonómicas: el aparcamiento de la Alameda, el centro comercial de la Gavidia o el puente de la Cartuja. Desde el Ayuntamiento se intenta desviar la atención culpando a la Comisión de Patrimonio de un problema causado por el propio Ayuntamiento. A tenor de las imágenes presentadas por el propio Consistorio, cualquiera puede ver que su Ciudad de la Justicia es desproporcionada con edificios de hasta doce plantas frente al Alcázar. Si al alcalde le molestaba la Torre Pelli a 1.600 metros del Alcázar, ¿por qué ahora quiere construir edificios de doce plantas junto a él? El alcalde lo tenía muy fácil en este asunto, sólo tenía que aceptar la ubicación de Los Gordales y favorecer la burocracia administrativa municipal para que se pudiera poner la primera piedra. La Junta de Andalucía por sí sola ya iba a poner excusas y a quedar en evidencia al carecer de presupuesto para construirla, no hacía falta servirle en bandeja un proyecto irrealizable que no se sostiene ni en el papel.
>> Las imágenes pertenecen al proyecto presentado por el Ayuntamiento a la Comisión de Patrimonio.
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