Siempre llama la atención la arbitrariedad con la que las administraciones tratan el Patrimonio en función de quién actúe, pero hay veces que los hechos rozan el escándalo. Nos remontamos a marzo de 2006, el Ayuntamiento de Sevilla acelera las obras de construcción del tranvía y peatonalización de la avenida de la Constitución y en plena obra son destruidos cuatro hornos almohades sin el más mínimo miramiento. Se aprovecha que la arqueóloga que supervisaba los trabajos se ausenta de la obra para arrasarlos y proseguir con el trabajo. Inmediatamente se denuncian los hechos y la Delegación de Cultura impone una sanción al Ayuntamiento por dicha destrucción. Pues bien, años después, el arqueólogo elegido por la Junta para sopesar el valor de los restos ha calificado los mismos como "en muy mal estado y carentes de valor". Ante tal aseveración, el Ayuntamiento quedaría libre de culpa ya que si algo carece de valor, no importa su destrucción..
Sin embargo la Fiscalía de Patrimonio Histórico de Sevilla ha solicitado un peritaje imparcial ante los cambios de versión del arqueólogo que un principio calificó la actuación de "expolio".
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Nos preguntamos qué habría pasado si dichos hornos, en lugar de aparecer en plena calle, hubieran aparecido en un domicilio particular y el propietario los hubiera arrasado por molestarle a la hora de hacer una piscina, por ejemplo. Seguramente hubiera caido sobre él todo el peso de la administración y la multa hubiera sido descomunal. Pero al tratarse de algo entre administraciones pasa a no tener valor. Esperemos que la Fiscalía siga investigando este hecho y se depuren responsabilidades, el Patrimonio es Patrimonio para todos y no sólo para algunos.
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Fuente: Europa Press
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